Nuevo Transantiago: denuncian desprolijidad en licitación, y Gobierno defiende el proceso

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Senador Andrés Allamand (RN) dice que la próxima administración heredará un proyecto «a la carrera». Ministra Paola Tapia afirma que concurso es distinto del trato directo de 2012, que fue «un pago bastante alto» a las empresas.

Octubre es clave en la licitación del Transantiago. El Ministerio de Transportes espera que -luego de que las bases del concurso se retiraran en dos oportunidades desde la Contraloría-, el organismo tome razón de estas para que, en enero, el Gobierno esté en condiciones de adjudicar las seis unidades de negocio (paquetes de recorridos) a nuevos operadores.

Se busca mejorar un servicio que no ha encontrado una solución definitiva: el contrato incluye medidas contra la evasión del pago por parte de los pasajeros. Asimismo, renovar la flota: en el caso de que seis concesionarios se adjudiquen el 50% de la operación, deberán adquirir 90 buses eléctricos e igual número de vehículos de alto estándar (como la máquina de dos pisos que se probó en la Alameda).

Además, habrá extensiones en las concesiones -que originalmente serán de 10 años-, para las empresas que incorporen una mayor flota nueva de la requerida. También podría haber ampliaciones del plazo para las que incluyan tecnologías limpias.

Mientras las bases siguen en la Contraloría, Transportes planifica la expropiación de 12 terrenos en ocho comunas del Gran Santiago para construir nuevos terminales. Esto, para incentivar la competencia, ya que los 70 depósitos en funcionamiento pertenecen a los actuales operadores. Al no haber terrenos disponibles, es considerado una barrera de entrada para nuevas empresas.

«El Mercurio» muestra dos visiones sobre el proceso.

«El proceso de licitación es la guinda de la torta de una gestión pésima»

El actual escenario del Transantiago, con una evasión sobre 30%, pérdida de pasajeros efectivos, incluyendo a los que no pagan, y mayores costos operativos, preocupan al senador por Santiago Poniente (RN), Andrés Allamand.

Afirma que los dos «rechazos» de la Contraloría a las bases de licitación, «a todas luces reflejan un trabajo desprolijo del Ministerio de Transportes. Las bases debieran haberse aprobado a principios de año y, a esta fecha, la licitación debiera estar en su etapa final. Hoy nadie sabe a ciencia cierta, siquiera, si va a estar convocada».

A su juicio, «el proceso de licitación es la guinda de la torta de una gestión pésima», del actual gobierno. «Lo único que está claro es que las bases se enviaron tarde y mal».

En su opinión, la tardanza generará un retraso del proceso completo. «La ley dice que debe haber 30 días para presentar las ofertas y formular consultas. Sin embargo, se requiere un plazo posterior no inferior a 90 días para analizar las ofertas técnica y financieramente. Luego viene la adjudicación. El Gobierno extraoficialmente señala que pretende licitar en febrero, a pocos días de dejar el mando».

Añade que otra preocupación es el financiamiento: «El actual subsidio dura hasta el año 2022, y la licitación hasta el 2028. Es decir, es una licitación sin plata».

También manifiesta su preocupación por los terminales: «Operan como una barrera de entrada para los nuevos oferentes. Dijeron que los van a expropiar, pero no tienen ni plata ni tiempo para hacerlo».

Según el congresista de la oposición, el Gobierno «no fue capaz de hacer nada positivo con el Transantiago y solo le metió plata a un sistema que funciona mal, vía aumento de subsidios. Para rematar le quiere dejar al próximo gobierno una licitación en la parte final, a la carrera, o tener que lidiar con operadores, algunos de los cuales son los peores del sistema y están quebrados, para que sigan operando mientras se arregla el entuerto». Entre ellos, menciona a Alsacia-Express y Subus, «que además de tener muy malos desempeños están técnicamente quebradas».

¿Qué sucede si la licitación se prorroga? Allamand dice que hay mecanismos legales para que los actuales operadores sigan funcionando, «pero eso plantea también grandes problemas. No lo van a hacer gratis y tendrán la sartén por el mango, ya que de ellos dependerá que no colapse el transporte en la capital. Además, tal como ha denunciado el diputado Leopoldo Pérez, el Ministerio de Transportes debió dictar un reglamento para manejar tal situación y pese a que la ley los obliga a hacerlo simplemente no lo han hecho. Se les pasó, en otra demostración de su completa negligencia».

El senador también acusa falta de transparencia del Gobierno en el proceso. Afirma que la información publicada en los medios solo se obtiene mediante la Ley de Transparencia. «A la comisión de Transportes del Senado le ha ocultado la información o se la ha entregado en forma deliberadamente incompleta o inexacta».

«Podemos cumplir los plazos, en un proceso competitivo y transparente»

La ministra de Transportes, Paola Tapia, asegura que cumplirá con el cronograma definido por su antecesor y reafirmado por ella misma de adjudicar los nuevos contratos de licitación antes del término de la actual administración.

El compromiso lo mantiene pese a que las bases fueron ingresadas después del plazo inicialmente estipulado (junio) y que el documento fue retirado dos veces de la Contraloría para enmendar observaciones.

«La información técnica ya ha sido dada a los eventuales oferentes, públicamente y, por ende, entendiendo que nosotros incluso vamos a dar un plazo superior al contemplado en la ley, que es este mínimo de 30 días. Claramente podemos cumplir con los plazos y el desafío que nos hemos puesto por delante que es avanzar a paso firme en este proceso que queremos que sea competitivo, transparente, porque nosotros, este ministerio, este gobierno, no están para designar en forma predefinida quienes van a ser, sino para buscar de esa sana competencia cuál es el mejor operador para el servicio de Transantiago», afirma la ministra Tapia.

Agrega que «cuando se levantan voces específicas, entendemos que esto pudiera ser que tiene su origen en grupos más bien específicos. Entendemos que también hay empresas de por medio que tienen intereses económicos, pero a nosotros lo que nos mueve es el interés público».

Sostiene que el proceso es distinto del vivido en los últimos contratos, firmados en el gobierno anterior. «En 2012, también por una ley, se generó un trato directo respecto de los operadores, manteniendo los que estaban en su gran mayoría y produciendo el pago de una indemnización fijada por ley, pero que obviamente fue un pago bastante alto respecto de las empresas y, por ende, todo eso se ha ido cumpliendo a cabalidad».

En cuanto a los terminales, dice que la incorporación debe ser aplicada en forma gradual. «Iniciamos con las empresas propietarias de los terrenos las negociaciones para buscar los acuerdos, ya sea para la compra, para el arriendo y, si no existiera acuerdo, tendría que efectuarse una expropiación. Tanto la compra como el arriendo están previstos como una posibilidad para que se disponga de estos terminales».

Respecto de la crítica del financiamiento, que expira en 2022, según la actual ley de subsidio, indica que en 2012, cuando se suscribieron los contratos en el gobierno anterior, pasó igual. «Se tramitó una ley y en este gobierno otra ley para financiar el subsidio transitorio. Aquí estamos hablando de un subsidio que termina cinco años después, no ahora. (…) También corresponde realizar una evaluación más cercana al 2022, a propósito de la nueva Línea 7 del metro, y a la infraestructura para hacer una evaluación técnica y lo más cercana a la realidad». En ese sentido, plantea que la ley contempla un mecanismo para que el panel de expertos solicite cada dos años un estudio externo para evaluar los montos que el sistema requiera. En lo relativo a la participación de empresas cuestionadas, como Alsacia, señala que cuando se tome razón de las bases «vamos a informar públicamente cuál va a ser específicamente el puntaje y evaluación de cada uno de los oferentes».

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