Próximo gobierno analiza reemplazar la licitación por un nuevo proceso

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Futuras autoridades temen que la demanda en curso pueda desencadenar problemas operativos del sistema. Técnicos analizan nuevo esquema contractual con disposición de terminales y sistema tecnológico. 

Origen: Economiaynegocios.cl el mercurio

La licitación del Transantiago en la que la actual administración ha trabajado en los últimos dos años podría terminar solo en documentos, un road show y la llegada de siete oferentes, pero no en contratos adjudicados que cambien el sistema de transportes capitalino.

Frente a las demandas presentadas por las empresas Santín y Transanber, que derivaron en la suspensión del proceso por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), técnicos ligados al Ministerio de Transportes del próximo gobierno ven con preocupación que, en caso de ser adversos para el Estado, tales recursos puedan perjudicar el funcionamiento del Transantiago. Señalan, por ejemplo, que si el tribunal suspende a una empresa o impide la participación de firmas en futuros procesos licitatorios, los costos podrían ser mayores para el sistema y arriesgarían la continuidad del servicio.

Por otra parte, la actual administración había calificado esta semana como definitoria para resolver la adjudicación de los contratos, en caso de que el tribunal levantara la precautoria que impide llevar a puerto la licitación. Sin embargo, ello no ocurrió, pues el TDLC solicitó nuevos informes relacionados con los costos de los terminales que podrían aplazar una definición hacia la próxima semana. Tal escenario dejaría al Ejecutivo con un margen menor a tres semanas para revisar las ofertas económicas, adjudicar y lograr que Contraloría tome razón de lo obrado.

«La licitación está complicada. No solo por esta demanda, que está recién comenzando. A pesar de la mala noticia de la suspensión, casi no hay otra alternativa que partir con un proceso nuevo que logre renovar la flota en el plazo más breve posible para modernizar el parque de buses. El cambio tecnológico también es bien urgente y en eso el Gobierno también se quedó atrás», advierte Pedro Pablo Errázuriz, ministro de Transportes en el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Similar opinión tiene el coordinador de Transantiago en el mismo período, Raimundo Cruzat. «El proceso perdió legitimidad política y pública, porque efectivamente existe la sensación de que está viciado. Y Transantiago no es un sistema con tanto prestigio como para soportar un revés de esa naturaleza, y que se eche para adelante a pesar de tanto cuestionamiento. Aunque los eventuales adjudicados reclamen, parece razonable hacer un proceso nuevo considerando que las bases están cuestionadas», afirma.

Ideas en análisis

Fuentes ligadas al próximo gobierno añaden que ya se trabaja en ideas para nuevos contratos de licitación, «con un esquema de pago muy creativo que será más conveniente para el sistema».

Algunas de las propuestas en estudio son prorrogar los contratos que culminan en octubre por condiciones de operación y trabajar en un proceso más abreviado, de un año y medio, que asegure la rápida renovación de flota.

Además, se buscaría avanzar en paralelo en una licitación tecnológica, relacionada con el sistema de pago.

«Es positivo que ambas licitaciones coincidan, porque es más fácil sacar buses con equipos instalados. También es bueno que los concesionarios conozcan a priori la tecnología que se va a usar. Su injerencia en la red de carga son cosas que al final del día pueden influir en las inversiones», añade Cruzat.

Una opinión distinta tiene Juan Carlos Muñoz, director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) de la UC. A su juicio, «parece complejo que (la licitación) se postergue. La renovación de flota es urgente y necesaria, y si es posible corregir temas como los terminales de buses, que es lo más delicado que yo veo, podría ser positivo. Es complejo echar atrás una licitación en la que se trajo a muchas empresas internacionales que se instalaron».

En el caso de una adjudicación en lo que resta del actual Gobierno, a los técnicos de la administración entrante les preocupa el alto costo de eventuales demandas de empresas que tengan un contrato adjudicado que luego sea anulado. En ese sentido, Errázuriz dice que «si el Gobierno adjudica, hay que avanzar en esa línea porque lo más complicado es dejar el proceso a mitad de camino».

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