origen: eldesconcierto.cl

Los sindicatos están perplejos. No saben el origen ni el impacto que tienen las medidas. Cuánto de ellas derivan del comportamiento que traía la actividad económica durante la gestión del ministro Felipe Larraín, cuánto se agregó con el estallido social de octubre, cuánto es consecuencia del Covid-19 y cuánto del comportamiento de la economía global. Bajo el manto de la emergencia y, luego, de la «anormal normalidad», se incuba un ajuste estructural que beneficia a los sectores más poderosos en perjuicio de los trabajadores y, como sucedió hace cuarenta años, con un laxo y poroso control democrático.

El Fondo Monetario Internacional, FMI, ha anticipado para este año una caída de la tasa de crecimiento de la economía chilena de 4,5 por ciento, la que es equivalente al costo del Plan Económico de Emergencia del Gobierno de 2020, una contracción que ya se está evidenciando en la pérdida de empleos y de ingresos familiares de la clase trabajadora, y que, si no es atendida por políticas públicas eficaces, amenaza agitar el descontento y la protesta social.

La crisis de los ochenta

La tormenta que se avecina podría ser igual o peor que la de los años ochenta. Como nos recuerda Ricardo Ffrench-Davis, fue por entonces que se produjo un fuerte descenso del gasto de los hogares más pobres al tiempo que se agudizó la concentración del ingreso.

En 1983 el número de desempleados llegó a cubrir el 19 por ciento de la fuerza de trabajo, cifra que al sumarle las personas adscritas a programas de emergencia se empinó al 31,3 por ciento. Si trajéramos esta proporción al presente, las víctimas de la desocupación serían alrededor de 2 millones 900 mil personas. En aquel periodo se observó, asimismo, un fuerte retroceso de los salarios reales, una importante caída del gasto social por habitante y un ostensible repliegue de la inversión pública.

El 1987 el 45 por ciento de la población vivía bajo la línea de la pobreza y, en 1990, la carga tributaria era de apenas el 15 por ciento del PIB. Por supuesto, también se evidenció un elevado costo de los subsidios públicos, equivalente al35 por ciento del PIB anual, destinados a rescatar a la banca y a los grupos económicos insolventes. Esta alianza durante la crisis entre el corporativismo empresarial y el régimen autoritario, fue determinante para instalar el modelo y asegurar su proyección, como lo registra elocuentemente Complicidad económica con la dictadura chilena, un libro de 480 páginas aparecido en 2019.

El país tardó siete años en recuperar la tasa de crecimiento previa a la crisis y, cuando salió de ella, su estructura económica ya era otra, alabada y legitimada, además, por los artífices de la transición democrática. Para hablar sin eufemismos, de aquellos años es el saqueo de los grupos económicos al Estado chileno, pesquisa copiosamente documentada por la Premio Nacional de Periodismo, María Olivia Monckeberg.

Sortear la actual coyuntura dependerá de la experiencia memorizada, de la adhesión al relato histórico sobre aquella experiencia, y de cuánto la sociedad chilena esté dispuesta a conceder para frenar una regresión neoliberal. Solo en marzo fueron desempleados 300 mil trabajadores y se espera que con las 56mil empresas que hasta ahora se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, se suspendan los contratos y reduzcan los ingresos de 780 mil trabajadores.

El ministro de Hacienda ha expresado en el Congreso que «esta crisis no se resuelve con el aparataje tradicional», porque no tiene precedentes y porque su magnitud es insospechada. Las jornadas de trabajo podrían reducirse, primero, a la mitad del tiempo y, después, quién sabe, a la mitad de los ingresos, pues se estaría entrando de lleno a un estatus de flexibilidad laboral, amparado en la excepcionalidad institucional de la emergencia sanitaria.

Los sindicatos están perplejos. No saben el origen ni el impacto que tienen las medidas. Cuánto de ellas derivan del comportamiento que traía la actividad económica durante la gestión del ministro Felipe Larraín, cuánto se agregó con el estallido social de octubre, cuánto es consecuencia del Covid-19 y cuánto del comportamiento de la economía global. Bajo el manto de la emergencia y, luego, de la «anormal normalidad», se incuba un ajuste estructural que beneficia a los sectores más poderosos en perjuicio de los trabajadores y, como sucedió hace cuarenta años, con un laxo y poroso control democrático.

Simultáneamente, se van definiendo los perfiles de un orden político fundado en el confinamiento social. Aquel vislumbrado por Giorgio Agamben, donde la prohibición produce una masa enrarecida, compacta y pasiva, en todo caso expectante del advenimiento de un dux, un führer o un capitellium, hombre o mujer, que le restituya la seguridad y certidumbre.

El talante autoritario y autorreferido de los encargados de la emergencia sanitaria, social y económica, parece darle la razón. Ellos aleccionan sin vacilaciones ―tal vez porque aquilataron oportunamente la eficacia práctica de la herramienta― respecto de dónde está el poder y de quién lo detenta: nosotros tenemos el control de la agenda, decidimos si damos o no cuenta al Parlamento, decimos la información, decidimos el toque de queda, decidimos cuándo se abre el comercio, cuándo se vuelve a clases, decidimos quién se moviliza y quién se aísla, decidimos quién y cómo trabaja, decidimos las libertades públicas y privadas y, en consecuencia, el funcionamiento de la sociedad hasta en sus regularidades más cotidianas.

Todo en el modelo, nada contra el modelo, nada fuera del modelo, es la persistente impronta restauradora de una derecha que cree ver en el inmovilismo inducido por la pandemia, la oportunidad de reanudar el orden perdido durante el estallido. «Aquí―dice el senador de la UDI Juan Antonio Coloma―no se tiene que cambiar nada y sabemos que el Estado ha logrado ser eficiente, que es lo que importa y tenemos instituciones como los mismos estados excepcionales que han permitido tomar decisiones en materia de cuidados de la seguridad o a la limitación de las libertades o de que las empresas privadas asuman roles».

Oportunidad para la solidaridad

Las AFP son de 1980, lo mismo que el Plan Laboral y el Código de Aguas, que, como hiedras empapadas de una esperanza vana, se aferran al viejo murallón resistente a los vientos de reforma. Como ocurrió la semana pasada en la sesión especial del Senado, donde el intento de levantar un acta de avenimiento con las administradoras de fondos de pensiones, no hizo más que irritar la sensibilidad de la asamblea.

La intervención de la senadora Yasna Provoste no dejó lugar a matices sobre la persistente voluntad de cambio del país. «El 25 de octubre aprobaremos darnos una nueva Constitución y una constituyente elegida plenamente por la ciudadanía, y la reforma previsional empezará ahora o lo hará después, pero ocurrirá. Y este es el hecho crucial que condiciona cuanto decidamos hoy sobre la materia», dijo, en una alocución que a las 24 horas ya había superado las cien mil reproducciones.

La Constitución que nos rige se aprobó en octubre de 1980. En octubre de 2020 se plebiscita una constituyente enteramente elegida por la ciudadanía y cuya misión será elaborar una nueva Carta para que su texto vuelva luego al Soberano. Así lo confirman el itinerario constituyente acordado y los escasos sondeos de opinión válidos y confiables que se vienen realizando. A contracorriente, naturalmente, de la creencia según la cual el coronavirus y las cuarentenas voltearán la convicción ciudadana anunciada en el estallido social de octubre. Esta que, como lo concibe el imaginario popular, lleva el sello de la dignidad, al igual que la plaza tantas veces conjurada y cuyo destino será convertirse en la ancha explanada donde nuevamente vuelva a congregarse un pueblo emancipado de ataduras, según se desprende del ensayo de José Manuel Román, Chile despertó: El modelo chileno, la matriz de desigualdad y la protesta de 2019.

Cuarenta años después, la lucha se librará sobre un escenario distinto, un tablado democrático, semisoberano, si se lo entiende bajo el prisma de Carlos Huneeus, o tutelado, si a través del lente de Felipe Portales. Sin Pinochet, sin Contreras y sin CNI. Con Congreso, con partidos y movimientos políticos legalizados y con representación parlamentaria, por lo que ningún sector podrá rehuir el deber y el derecho de hacer oír su voz y de hacer pesar su voto en favor de las legítimas demandas de trabajadores y trabajadoras.

Pero acaso lo más trascendente sea que con la crisis se produzca un aggiornamento de las experiencias de economía popular que den lugar a una institucionalidad impregnada de los valores de solidaridad y cooperación. El fenómeno ya empieza a emerger en los territorios más deprimidos de Santiago y, probablemente, se extenderá al territorio nacional y prolongará en el tiempo. Dependerá de la lucha política cotidiana; no del patrón matemático de la epidemia, cuyos desaciertos han sido evidentes.

El Gobierno está empeñado en eternizar la excepción por el resto de la administración Piñera. Su soporte es que en el último siglo no existe precedente de la epidemia, y que nadie conoce cómo abordarla. Procurará manejar la crisis económica con facultades extraordinarias que le permitan consolidar la reestructuración, regular la insatisfacción social, y volver a modificar las condiciones del proceso constituyente.

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