Hace casi dos meses el sindicato de Fruna lo advirtió por una carta que enviaron a la gerencia y a la Seremi de Salud, Paula Labra: “No hemos observado ningún tipo de acción que nos indique que la empresa esté cumpliendo con el mandato legal de proteger la vida y la salud de los trabajadores establecidos en el Código del Trabajo”. Este viernes una trabajadora angustiada explicó que no tenía más opción que dejar a su hijo en una sala cuna clandestina, que en la empresa no le daban tiempo ni para salir a amamantar. Los trabajadores denuncian que en la fábrica existiría un contagio masivo y que la cuarentena preventiva ha afectado a cientos de trabajadores. No sólo eso, también aseguran que algunos habrían fallecido por COVID-19.

Patricia Vásquez Runca es una de las trabajadoras que dejaba a su hijo de un año y ocho meses en la sala cuna “Creando” que funcionaba de manera clandestina, a unas cuadras de la Plaza Maipú y a otras tantas de la empresa donde trabajaba: la fábrica de confites Fruna. La trabajadora, en rigor, no tenía con quién dejar a su hijo y esta era la única posibilidad que le quedaba.

“Yo sabía que no se podía. Hice la denuncia por la municipalidad de Maipú, pero nadie me escuchó, nada (…) Ni siquiera nos daban la opción de venir a amamantar a nuestros hijos”, expresó a los periodistas agolpados en las afueras del lugar, mientras aparecía por las pantallas del matinal Buenos Días a Todos, tras una visita realizada por carabineros  junto a la subsecretaria de Prevención del DelitoKatherine Martorell.

Patricia aseguró que otras 30 madres de la empresa pasaban todos los días a dejar a sus hijos al establecimiento -que tiene prohibido funcionar durante la pandemia-, antes de comenzar sus jornadas laborales en la fábrica. Optar por este servicio se volvía casi una obligación para las madres porque la empresa se habría negado a acogerse a la Ley de Protección al Empleo. Y si alguna vecina, agregó Patricia, no les podía ayudar con el cuidado, entonces, no podían pensar en otra cosa: la sala cuna clandestina o perder su fuente laboral.

La mañana de este viernes, cuando llegó la comitiva de carabineros junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, se encontraron con tres parvularias y cuatro niños a su cuidado. Detuvieron al representante legal de la empresa, a la sostenedora del jardín y a las trabajadoras. Ahí se conoció el certificado irregular extendido por Fruna que “le daba autorización” para funcionar.

La denuncia de Patricia, sin embargo, es parte de una historia  de precarización laboral que la empresa arrastra desde hace años.

Lo dijeron hace dos meses

Beatriz Maldonado es presidenta del sindicato número 3 de Fruna y asegura que hay muchas trabajadoras y madres que han renunciado desde que comenzó la pandemia, perdiendo todos sus años de servicio,  por no someterse a estas condiciones indignas. “Ninguna va a querer que un hijo o alguien de su familia se muera por los contagios en la empresa”, asegura.

En este tiempo, añade la dirigenta, han recibido escasos elementos de protección personal por parte de la empresa. Cada trabajador lleva sus mascarillas, sus guantes, sus desinfectantes. El cuidado ha pasado a ser responsabilidad de ellos. “En la semana consultamos si iban a llegar y la respuesta fue que no había”, cuenta Beatriz sobre la falta de insumos.

El sindicato, preocupado por la precariedad de sus condiciones laborales, alertó a la empresa sobre la situación que han debido enfrentar a diario. Fue el 8 de mayo cuando enviaron una carta a la gerenta de Recursos Humanos, Claudia Garrido Santiesteban, exponiéndole sus inquietudes. “No hemos observado ningún tipo de acción que nos indique que la empresa esté cumpliendo con el mandato legal de proteger la vida y la salud de los trabajadores establecidos en el Código del Trabajo”, señalaron como primer punto.

Luego detallan que contar con stock suficiente de mascarillas es algo mínimo y que es una requerimiento establecido por las autoridades sanitarias. “No sabemos qué acciones se están implementando que apunten a la prevención del contagio del Covid-19 al interior de la fábrica”, advierten.

Otro punto que plantean es el despido de trabajadores sin darles la oportunidad de acogerse a la Ley de Protección del Empleo. “Si bien no es una muy buena ley, pero le otorga la posibilidad de un ingreso por algunos meses a los trabajadores”, se lee. Esa vez, los trabajadores exigieron a la empresa que se apegara a las condiciones mínimas para continuar sus labores, sabiendo que no prestan un servicio esencial y que la compañía no ha querido parar. Al finalizar la misiva, solicitaron que les entregaran mascarillas en “cantidad suficiente”, que se tomaran las medidas para un distanciamiento físico efectivo y que les informaran la cantidad de contagiados por COVID-19 en la empresa.

Los contagios ha sido un tema recurrente entre los trabajadores. Beatriz cuenta que una de las dirigentas que no pudo firmar la carta es precisamente una de las contagiadas por Covid, que actualmente se encuentra con licencia médica. “Ella estuvo entubada, todavía tiene neumonía. Hemos hablado todos los días, pero ella se contagió en la pega, eso es claro”, asegura. Las respuestas que han recibido, dice que han sido insatifactorias porque todavía no se cumplen las normas adentro. “Esto ha sido atroz porque tu ves todos los días que la gente sale de la pega enferma. La gente pide la comida en una bandeja y se la va a comer al patio para no contagiarse“, dice la dirigenta sindical. Y agrega: “Hay hasta embarazadas trabajando adentro”.

El temor, según la dirigenta no es infundado, pues un número importante de trabajadores, ya sea por contagio o por cuarentena preventiva, han extendido licencias médicas en lo que va de la pandemia. De ellos, el sindicato estima que son cerca de 1.500 trabajadores que se han ausentado por este motivo, lo que representa alrededor de la mitad del total de empleados de la compañía. Lo más grave, agrega, es que existirían al menos siete trabajadores fallecidos por el virus y dos que estarían críticos.

“Nosotros hemos sabido a la pasada de la gente que ha fallecido, a través de los que tienen contacto con esas personas, pero debe haber más porque ellos todo lo ocultan y sacan piolita al trabajador que está enfermo…porque los asintomáticos siguen trabajando. Lo que sabemos nosotros es que son siete fallecidos, si es que no son más”, explica.

La siguiente lista, pegada en uno de los muros de la fábrica, es uno de los registros que la misma empresa habría publicado en la paredes dando cuenta de los trabajadores que han solicitado licencias en estos meses.

Precarización histórica

Las denigrantes condiciones laborales en esta empresa no son nuevas. Las denuncias vienen desde hace años y, como relatan nuevamente los trabajadores, nada ha cambiado.

En 2017, fallecieron dos trabajadores al interior de la fábrica que revelaron las paupérrimas condiciones laborales, con turnos de 12 horas diarias, apenas con un espacio para almorzar. A esto se sumaban cuestionables procedimientos durante las faenas y las reiteradas prácticas antisindicales, además, de labores extras que debían cumplir. Un reportaje de The Clinic reveló esta cruda realidad de los trabajadores.

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La pandemia, en rigor, aumentó el sentimiento de precariedad, sumado al temor por perder el empleo. “Las trabajadoras dejaban a sus hijos a eso de las 7 de la mañana, algunas, hasta pasada las 14:00, pero sin almuerzo. Sin nada”, cuenta.

La fiscalización a este jardín clandestino, después de una denuncia anónima, demuestra también el miedo que existe entre las y los trabajadores a perder su única fuente laboral.

Postnatal y servicios esenciales

La situación de la sala cuna en Maipú ocurre mientras el gobierno ha decidido cerrarle las puertas al proyecto que extiende el Postnatal de Emergencia hasta que finalice la pandemia. Una iniciativa enfocada en las madres para cuidar a sus hijos e hijas, mujeres embarazadas y también quienes estén a punto de finalizar su fuero maternal. El gobierno, sin embargo, ha propuesto un sistema de licencias médicas, como también fortalecer el teletrabajo. Una disputa que no se ha terminado de zanjar; mientras, la presión de las mujeres trabajadoras sigue firme.

Para Beatriz Maldonado esta situación demuestra la desidia de la empresa con las trabajadoras: “Las mamás que están embarazadas están exponiéndose al contagio, muchas con miedo han renunciado. El Estado está a favor del empleador, le importa muy poco el trabajador. Le están dando el poder al empleador, y nosotras a trabajar no más, y muchos siguen en la calle exponiéndose también”, expresa.

Las graves denuncias laborales generaron repercusión también a nivel político. Tanto las dirigentas sindicales como la Dirección del Trabajo fueron citadas al Congreso para que expongan sobre el caso. La presidenta de la Comisión de Trabajo, Gael Yeomans (CS) citó a una sesión especial de la Comisión de Trabajo para abordar las denuncias y detallar los criterios para los servicios llamados “esenciales”. La sesión será el martes de la próxima semana, a las 17:00 horas. “La empresa Fruna, que ya es conocida por horrorosas denuncias de abusos laborales, seguía operando hoy en plena emergencia sanitaria con nulas medidas de protección a su personal y con un jardín infantil clandestino, al que sus trabajadoras acudían en la desesperación de no tener con quién dejar a sus hijos e hijas”, manifestó la parlamentaria.

También revisarán los criterios de los servicios considerados esenciales en la crisis sanitaria, a raíz de la realización de permisos colectivos fraudulentos para que algunas empresas sigan funcionando. “Queremos despejar los criterios y aportar a la fiscalización, por eso invitamos al ministro de Economía y a la subscretaria de Prevención del Delito. No es posible que el Gobierno se lave las manos frente a esta situación”, acotó.

La Dirección del Trabajo, consultada por El Desconcierto,  explicó que este viernes un equipo encargado de la zona RM Poniente fiscalizó la fábrica ubicada en Camino a Melipilla, comuna de Maipú, y constató algunos incumplimientos a la normativa laboral. Por eso, solicitó documentación a la empresa para dar curso a una investigación que ya está en desarrollo. Por otro lado, indicaron que desde marzo a la fecha la empresa no registra denuncias presentadas por materias de higiene, seguridad y Covid-19. “La fiscalización de hoy fue debido a los hechos conocidos públicamente a través de los medios”, precisaron a través de su encargado de comunicaciones.

La seremi de Salud, también contactada por este medio, aseguró que también se fiscalizó la empresa y que existiría un sumario sanitario en curso.

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El Desconcierto se comunicó con la empresa intentando obtener la versión de los empleadores, pero no respondieron a ninguno de los llamados, pese a que fuimos derivados por los trabajadores innumerables veces al despacho de la Gerenta de Recursos Humanos, Claudia Garrido

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